1. El mercado LegalTech en la región crece, pero desde una base chica
Tamaño del mercado LegalTech en América Latina: de USD 1.900 millones en 2025 a una proyección de USD 4.900 millones para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,68% en ese período.
El crecimiento proyectado es real, pero la región parte de una base de adopción baja frente a mercados como el estadounidense — un dato que cualquier estudio jurídico que recién empieza a evaluar software de gestión debería tener presente: todavía hay mucho margen de mejora respecto a la práctica manual.
2. El Poder Judicial de la Nación invirtió fuerte en tecnología durante 2025
Según el Informe Anual de Gestión 2025 del Consejo de la Magistratura, organismo a cargo de la administración del Poder Judicial de la Nación:
- En mayo de 2025 se aprobó un asistente virtual con inteligencia artificial dentro del Portal de Gestión de Causas, para atender consultas de rutina y derivar las más complejas.
- El sistema de gestión de causas (LEX100) sumó una función de "Indicadores de Gestión", con acceso rápido a expedientes en trámite, movimientos procesales y sentencias registradas.
- Se integraron los registros audiovisuales de audiencias directamente dentro del expediente, sin depender de aplicaciones externas.
- Durante 2025 se realizaron 32.887 audiencias por videoconferencia y se registraron más de 373.000 visualizaciones de audiencias transmitidas por streaming en YouTube.
- Se instalaron 27 nuevas salas de audiencia bajo modalidad llave en mano y se renovaron 10 existentes.
Fuente: Consejo de la Magistratura — Informe Anual de Gestión 2025
3. Argentina no tiene un sistema judicial digital único — tiene al menos una decena
Esto no es una estadística de mercado, es una observación directa que hicimos al mapear el ecosistema para nuestra guía de sistemas judiciales electrónicos de Argentina: al ser un país federal, el Poder Judicial de la Nación tiene su propio sistema (con la MEV como capa de notificaciones), y cada provincia desarrolló el suyo, de forma independiente y con nombres distintos. Identificamos y verificamos, entre otros: el EJE en la Provincia de Buenos Aires, el SAC en Córdoba, IOL/Iurix en Mendoza, el SISFE en Santa Fe, el SED en Salta, Dextra en Neuquén y PUMA en Río Negro.
La consecuencia práctica: un estudio con causas en más de una jurisdicción no puede resolver su seguimiento de expedientes con una sola integración — necesita, como mínimo, entender que cada provincia es un ecosistema aparte.
4. El marco legal de la digitalización judicial argentina no es nuevo
La base normativa que habilita el expediente electrónico en Argentina tiene más de una década:
- Ley 25.506 de Firma Digital, que le da a la firma digital el mismo valor que la firma manuscrita bajo ciertas condiciones.
- Ley 26.685 (2011), que autorizó la utilización de expedientes electrónicos, documentos digitales y notificaciones electrónicas en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal.
- Ley 26.856, que dispuso la publicación electrónica obligatoria de las sentencias del Poder Judicial.
Fuente: Argentina.gob.ar — El uso del expediente digital se extiende en todo el país
Qué significa esto para un estudio jurídico argentino
Tres lecturas concretas de estos datos:
- El propio Poder Judicial de la Nación sigue invirtiendo activamente en digitalización — la tendencia de fondo no es reversible.
- La fragmentación entre sistemas provinciales es estructural, no un problema que un solo proveedor de software vaya a resolver de la noche a la mañana: conviene elegir herramientas que sean honestas sobre qué integran realmente y qué no.
- El mercado regional todavía tiene mucho recorrido de adopción por delante, lo que significa que un estudio que se digitaliza hoy todavía tiene ventaja competitiva frente a los que no lo hacen.